6 junio 2018
6 junio 2018,
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El Congreso ha reclamado modificar el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y sus criterios para su notificación y registro con el fin de reconocer como tal el estrés y el acoso laboral.

De esta forma consta en la proposición no de ley aprobada en la Comisión de Empleo y Seguridad Popular de la Cámara Baja, a raíz de una idea de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, pactada por último con el PSOE. El PP ha sido el único grupo que se ha posicionado en contra.

La iniciativa, fue lanzada debido al incremento de la siniestralidad laboral, incluye un apartado para cambiar este cuadro de anomalías de la salud, con el fin de que su aplicación “no dé lugar a discriminaciones por razón de género en el reconocimiento de una dolencia como patología profesional”.

De igual modo, el texto aprobado pide integrar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales una perspectiva de género,  tanto en la prevención de parte de los agentes implicados, como en los servicios ajenos. En este sentido, llama a impulsar los servicios y medios propios del empresario frente a los servicios de prevención ajenos, para lo que pide cambiar nuestra ley.

Más medios para la inspección y combatir la siniestralidad

Además, el Congreso reclama aumentar la plantilla de la Inspección de Trabajo y de las partidas para la prevención de riesgos laborales con el fin de actuar contra la siniestralidad laboral y asegurar que “ningún trabajador o trabajadora realice su trabajo sin protección efectiva”.

El texto aprobado pide al Gobierno fomentar una reforma de la legislación con el objetivo de “asegurar el desarrollo profesional de los técnicos, la independencia de los servicios de custodia y el establecimiento de controles públicos que aseguren la calidad  de sus prestaciones”.

De igual modo, pide aproximar el número de inspectores a la media de la Unión Europea, eximiendo para ello los límites de “reposición mínima” y así permitir el incremento de este cuerpo de trabajadores en las sucesivas ofertas públicas de empleo con el fin de que, tal y como reza el texto, “puedan razonablemente desarrollar las tareas de control de las condiciones de seguridad laboral que su Ley de ordenación les encomienda”.

Además, el Congreso pide repartir entre las comunidades autónomas, “a la mayor celeridad posible”, los fondos premeditados a la prevención, que piden incrementar, y de esta forma “terminar a la reiterada intromisión competencial” que, según el texto, se produce de parte de la Gestión central.

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